Hay un silencio muy particular que se instala en los despachos de la administración pública cuando termina un gran proyecto de consultoría. Es el silencio del que se sabe dueño de una carpeta de quinientas páginas, pero no de la llave que abre el conocimiento que hay dentro.
Durante años, hemos aceptado como algo natural una dinámica extraña: para conocer nuestra propia realidad territorial, lo que ocurre en nuestras calles, en nuestros comercios o en el aire que respiramos, tenemos que pedir permiso a un agente externo.
Europa lleva tiempo avisándonos, entre directivas sobre «Espacios de Datos» y soberanía tecnológica, de que estamos cometiendo un error de base. Estamos construyendo el futuro sobre un terreno alquilado.
Imagina por un momento que una empresa privada fuera la dueña de los planos de las carreteras de su provincia. Que para saber dónde hay un algo o hacia dónde debe crecer una avenida, hubiera que pagar un peaje de información a una consultora que, una vez terminada la licitación, se lleva los planos a su sede. Nos parecería una locura y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos con el dato territorial: tratarlo como un producto de consumo y no como lo que realmente es: una infraestructura pública esencial. Tan vital como el agua, tan estructural como el asfalto.
La dependencia de la consultoría tradicional ha generado un fenómeno de «memoria de pez» institucional. Llega un nuevo equipo, se marcha un técnico clave, y el conocimiento se evapora porque nunca perteneció a la casa; pertenecía al contrato.
Frente a esto, la verdadera innovación hoy no es tecnológica: es política y ética. Se trata de entender que el valor no está en el diagnóstico, sino en la capacidad de la administración para gestionar su propio destino. Por eso, el sentido de proyectos como ECOS no es entregar un informe de despedida, sino algo mucho más ambicioso: un Manual de Vuelo.
Este activo es, en esencia, un acto de soberanía. Es la garantía de que, cuando el consultor cierra la puerta por fuera al terminar los dieciocho meses de itinerario, el conocimiento no se va con él. Se queda en el servidor, en la cultura del técnico, en el ADN del municipio. Es la institucionalización de la lucidez. Si el gestor se marcha, el servicio permanece porque el know-how ya es patrimonio del pueblo, no de la empresa de turno.
Además, en estos tiempos donde el Tribunal de Cuentas observa con lupa y razón la ejecución de los fondos públicos, la soberanía del dato es la única vía hacia la eficiencia real. No podemos permitirnos apuestas ciegas de cuatro años. Necesitamos «fallar rápido y barato», probar pequeñas soluciones en el territorio, medir su impacto en tiempo real y corregir el rumbo antes de que el presupuesto se convierta en ceniza.
Solo quien posee su propio mapa puede permitirse el lujo de explorar nuevos caminos sin miedo a perderse.
¿Estamos construyendo instituciones capaces o simplemente estamos financiando la inteligencia de otros?
La soberanía digital no es un eslogan de Bruselas; es, sencillamente, volver a ser los dueños de nuestra propia casa.
WOB-IS